"La pensión debe ser un derecho incuestionable que garantice una vida digna"

miércoles, 14 de febrero de 2018 10:10

Entrevista a Paca Tricio, Vicepresidenta de Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), para abordar cuestiones relativas al incierto futuro de las pensiones de nuestro país


Pregunta: Las personas  han ido perdiendo, a lo largo de estos últimos años, su poder adquisitivo con medidas como la imposición del Índice de Revalorización Anual de las pensiones (un  incremento de pensiones del 0,25% anual). Algo que afecta tanto a las “nuevas y nuevos jubilados” como a los que ya se jubilaron hace años. ¿Cómo está afectando esto al nivel de vida de las personas mayores?

Respuesta: La pérdida de poder adquisitivo está afectando de forma muy negativa en el día a día de las personas mayores. Muchas de ellas, especialmente aquellas que tienen las pensiones más bajas, han visto cómo ha aumentado los precios de los servicios básicos, los alimentos y las facturas de la luz y el gas, mientras sus pensiones prácticamente congeladas, se “revalorizan” un mísero cuarto de punto. En concreto, en el último año, la luz ha subido casi un 10%, y el gas un 6,2% en la última revisión trimestral.

La vida se encarece ¿Cómo pretenden que hagamos frente a ese encarecimiento con las pensiones prácticamente congeladas? Después de toda una vida de trabajo, la pensión debe ser un derecho incuestionable que garantice una vida digna.

Además, no olvidemos que son muchas las personas mayores que con sus pensiones y su tiempo, han contribuido y contribuyen en la actualidad a parar el duro embate que la crisis económica ha supuesto en miles y miles de familias: precariedad laboral, incapacidad de hacer frente a los costes más básicos, desahucios…

P: ¿Cuáles son las dudas principales que manifiestan las personas jubiladas ante estos cambios?

R: Son muchas y diversas, como por ejemplo, si pueden acceder o tener derecho a los complementos de viudedad, pero sobre todo, algo que preguntan mucho es si van a poder hacer frente los gastos diarios, si sus pensiones continúan “congeladas”.

P: Con la reforma de pensiones, desde el año 2013 se contempla la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años. En concreto, en 2018, la cuantía de la pensión se calcula en función de las bases de cotización de los últimos 21 años trabajados, es decir, los inmediatamente anteriores al mes previo de la jubilación. Para 2022, el periodo de cálculo será de 25 años. ¿Según vuestra experiencia es sostenible esta ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión? 

R: No hay que olvidar una cuestión importante: las pensiones son un derecho, como lo son tantos otros “bienes” y servicios, aunque nuestro sistema económico no los lea en esos términos, y los vea solamente como elementos sujetos a la oferta y la demanda. Estamos hablando del derecho a una vivienda digna, a la salud, al agua, al calor en invierno, etc.

Por lo tanto, aunque económicamente se puedan establecer escenarios de sostenibilidad o insostenibilidad, todo planteamiento o estrategia a futuro ha de partir del hecho de que todas las personas, sin distinción de edad o condición, tenemos derecho a una vida digna. Y por tanto, cuando ya no realicemos una actividad económica productiva, debemos seguir teniendo derecho a esa condición de “bien vivir”. Es responsabilidad de los estados proteger los derechos de sus ciudadanos, especialmente de los más débiles o vulnerables.

P: ¿Qué reformas serían necesarias y, en el caso de que no se realizasen, cuál sería el colectivo más perjudicado?

R: Las reformas necesarias para desbloquear la situación de las pensiones en nuestro país tienen que plantear un escenario que mejore los ingresos, pero sobre todo, dichas reformas tienen que revertir los efectos negativos causados por la reforma de las pensiones impuesta desde el año 2013 que impuso a las pensiones el actual  índice de revalorización y el factor de sostenibilidad.

Pero por mucho que nosotros digamos cuales deben ser las reformas, las soluciones y respuestas deben ser alcanzadas por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo y los representantes parlamentarios que participan en ella, ya que durante los dos primeros meses de 2018 y tras todas las horas de debates, reuniones y sesiones acontecidas en el último año, seguimos igual: sin respuestas y perdiendo poder adquisitivo. El Pacto de Toledo debe considerar que tiene una responsabilidad con la ciudadanía para   salvaguardar el futuro de las personas jubiladas en nuestro país.

P: La última propuesta que se ha hecho desde el Gobierno sobre dichas reformas es la de calcular la pensión con las cotizaciones de toda la vida laboral, de forma que los trabajadores podrían desechar las cotizaciones menos favorables para sus intereses. ¿Lo consideráis una buena medida? 

R: Poder decidir y ajustar el cálculo de las pensiones al interés y situación personal de cada pensionista, es una medida interesante y positiva, pero la propuesta realizada por el Gobierno no detalla por ejemplo cuántos años  desestimados por el trabajador. Este y otros elementos de la propuesta deben ser debatidos en el ámbito del Pacto de Toledo para que se consensue y se tome en consideración si va a ser una medida beneficiosa para las personas que se jubilen.

P: Aunque la propuesta no detalla cuántos años podrán ser desestimados según trabajador, fuentes del Ministerio de Empleo sugieren la posibilidad de que se puedan elegirlos 25 mejores años cotizados, para favorecer a aquellos trabajadores que cotizaron más al principio o en la mitad de su vida laboral y que por diversas circunstancias como, por ejemplo, verse afectado/a por expedientes de regulación de empleo o tener que darse de alta en el régimen de personas autónomas. ¿Estáis de acuerdo en que esto mejoraría la cuantía de la prestación en las pensiones?

R: Es una medida que va a beneficiar como bien decís a aquellos trabajadores que se han visto afectados por ejemplo por un ERE, a las personas que por circunstancias han tenido que interrumpir su carrera profesional en los años previos a la jubilación o bien han cotizado por bases inferiores. Es decir, va a beneficiar a trabajadores que han cotizado más alto a la Seguridad Social durante sus primeros años de vida laboral que en sus últimos años laborables, ya que la fórmula actual otorga más peso a los años previos a la jubilación.

Pero no es una medida que mejore la cuantía de la prestación de todas las personas jubiladas, es una medida que, como comentamos,  va a beneficiar en unos casos como he explicado antes, pero que en otros va a penalizar a todas las personas trabajadoras que han tenido una carrera profesional continuada y que van teniendo salarios más altos según van adquiriendo más experiencia, y por tanto, tendrán cotizaciones más elevadas en los años previos a la jubilación.

La pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿Es una medida beneficiosa para todas las personas pensionistas? No, ya que beneficia a algunas personas y a otras las perjudicaría.

Esta medida debe ser debatida en las mesas de diálogo social, para que se consensue y se tome en consideración si va a ser una medida beneficiosa para todas las personas que se jubilen.

P: Desde UGT se ha denunciado que esta nueva medida, no es la solución para compensar la pérdida en el cómputo de la pensión de los mayores de 55 años que hayan tenido cotizaciones “muy altas” en algún momento de su vida laboral, por ello pide al gobierno una compensación especial por el daño que se ha causado con la reforma de 2013 a estos trabajadores y personas ya jubiladas en la misma situación. ¿Cuál es vuestra postura sobre este punto?

R: Como he planteado en la anterior pregunta, esta nueva medida no es positiva para todos los pensionistas y de hecho, perjudicará a esos trabajadores y trabajadoras que hayan cotizado más en sus últimos años laborables y previos a su jubilación.

Las medidas que reformen la situación actual de las pensiones deben ser positivas para todas las personas jubiladas presentes y futuras, y si no es así, se debe proteger o compensar a las personas que se van a ver afectadas de forma negativa.

Las nuevas medidas para reformar las pensiones tienen que revertir los efectos negativos causados por la reforma de las pensiones impuesta desde el año 2013.

P: ¿Qué reclamáis o reivindicáis para recuperar el poder adquisitivo que han perdido los y las pensionistas ante las sucesivas reformas del sistema de pensiones?

R: Desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados, reclamamos la necesaria y urgente adopción de medidas que supongan la recuperación del poder adquisitivo de los pensionistas, que pasan en primer lugar por cambiar los términos de la actualización anual fija del 0,25% estipulado desde 2013, por el incremento anual de las pensiones en función del Índice de Precios de Consumo (IPC). En segundo lugar, reclamamos también la necesaria subida de las pensiones más bajas, equiparando al menos la pensión mínima con el salario mínimo, establecido para este año 2018 en 735,90€.

P: Según el estudio “Jubilación y hábitos de ahorro de los españoles” realizado por el Instituto Santalucia, el 48,6% de los encuestados cree que la economía sumergida es uno de los factores de riesgo para nuestro sistema de pensiones y un 42,2% señala  la falta de consenso político como una de las amenazas en la sostenibilidad de las pensiones ¿Estáis de acuerdo con los resultados de este estudio?

R: La sostenibilidad de las pensiones es algo que nos concierne a toda la sociedad. A toda: jóvenes, adultos y mayores. No pueden plantearse soluciones o estrategias sin contar con toda la sociedad. Porque en este, como en otros temas importantes, nos jugamos nuestro futuro, y el de las generaciones venideras y ya existentes: nuestros hijos y nietos.

Hay que establecer un diálogo social que no deje sólo en manos de los políticos algo tan tremendamente importante como es la sostenibilidad del modelo de pensiones. Entre todas las personas y actores sociales tenemos que debatir, confrontar y consensuar ese nuevo modelo que todos tendremos que aceptar y por el que tendremos que trabajar, y pagar para que sea sostenible en el tiempo.

La economía sumergida es un cáncer social, que no sólo presente en las pensiones, sino también en todos los servicios públicos, que debemos costear entre toda la ciudadanía.

P: Además de la fuerte devaluación salarial sufrida por todas las personas trabajadoras también se está hablando de un “estado del bienestar poco solidario con las personas jóvenes” ¿Qué futuro les auguráis ante la precariedad del estado de bienestar actual?

R: Aunque seamos una organización que defiende los intereses de las Personas Mayores, no nos olvidamos de los jóvenes de nuestro país. Jóvenes que son nuestros hijos/as y nuestros nietos/as. Apoyamos sus reivindicaciones para mejorar su situación ante la precariedad del estado de bienestar actual, porque son el futuro. Y más que augurar sobre su futuro, reivindicamos e instamos a los responsables políticos a adoptar medidas que cambien el rumbo de dicha precariedad, que pasan por promover las reformas estructurales necesarias para que disminuya la tasa de desempleo a los niveles medios europeos, aumentando así la población ocupada, los salarios y las cotizaciones y fomentando medidas para el empleo juvenil y proporcionando apoyos a la natalidad mediante el establecimiento de nuevas medidas protectoras para las familias y la crianza de los hijos, así como favorecedoras de la conciliación laboral y personal.

P: En este sentido, de cara al futuro y según vuestra experiencia ¿Qué futuro le pronosticáis a nuestro sistema público de pensiones según los condicionantes actuales?

R: Los pronósticos y los números se los dejamos a los economistas. UDP como organización que defiende los derechos e intereses de las personas mayores ante las instituciones, colaboramos activamente en la elaboración y puesta en marcha de políticas beneficiosas para el colectivo y por ello, creemos necesario llegar ya a un Pacto de Estado sobre Pensiones entre las fuerzas políticas que garantice su viabilidad y sostenibilidad. El tiempo pasa y día tras día, sin acuerdo a la vista, somos castigados con la congelación real de nuestras pensiones.

Es de gran importancia y urge que el Pacto de Toledo y todos los actores políticos y sociales que forman parte de dicha comisión consigan llegar a un acuerdo que acabe con la incertidumbre de las pensiones en España, para que las pensiones de las personas mayores que viven hoy en nuestro país, sean unas pensiones dignas y aseguren una calidad de vida de las personas jubiladas, pero también aseguren las futuras pensiones de nuestros hijos/a y nietos/as.

P: En lo referente a la brecha de género sobre las pensiones hay grandes diferencias entre las pensiones de hombres y mujeres, ya que la carrera de cotización de las mujeres es mucho menor que la de los varones, debido al tiempo que ellas dedican al cuidado de sus hijos e hijas también de las personas dependientes. ¿Cuáles son los últimos datos sobre esta brecha de género en lo que a las pensiones se refiere?

R: Las últimas cifras publicadas por la Seguridad Social a día 1 de enero de 2018, establecen la pensión media de jubilación de una mujer en 794,46 euros frente a la pensión media de un hombre, establecida según dicho Organismo en 1.244, 69 euros. 450,23 euros de diferencia entre la pensión media de las mujeres y la de los hombres jubilados en España.

Datos, que reflejan la preocupante situación de la brecha de género en las pensiones. El tiempo que ocupan las mujeres, en el cuidado de los hijos y de personas mayores dependientes, hace que sus carreras de cotización sean menores, y por tanto, que tengan una pensión considerablemente menor que la de los varones. 

P: Dicha brecha de género genera situaciones de desigualdad, dependencia y vulnerabilidad en las mujeres mayores respecto a sus parejas varones que tienen mayor poder económico. ¿Creen que debería haber alguna compensación en la jubilación por los periodos laborales no trabajados en pos del cuidado de los hijos o personas dependientes, debido a que este es un papel socialmente asignado a las mujeres, para solventar dicha desigualdad?

R: Cualquier iniciativa para solventar la desigualdad, dependencia y vulnerabilidad de las mujeres mayores respecto a sus parejas varones, nos parece favorable, así como su reconocimiento al cuidado de los hijos o personas dependientes.

En este y otros ámbitos que evidencian desigualdad de género, es necesario adoptar medidas de “discriminación positiva” o compensación para superarla.

P: Por último, a modo de conclusión, ante la situación actual que se está viviendo y las nuevas propuestas para intentar solucionar el déficit de las pensiones. ¿Cuál sería para UDP la mejor fórmula? 

R: Ante la situación actual que estamos viviendo, la mejor fórmula o la que deseamos con urgencia es que el Pacto de Toledo consiga poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas para alcanzar un Pacto de Estado sobre Pensiones, que garantice la viabilidad y sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones, proponiendo fuentes de financiación alternativas y/o adiciones, que eviten la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.

Como ya he planteado, insistimos en la necesidad de descongelar las pensiones, con una subida real y no del 0,25%, a través de su incremento anual en función del Índice de Precios de Consumo (IPC) y la subida de las pensiones mínimas. Además, dentro de los cambios planteados, creemos que será beneficioso que las personas puedan elegir no sólo los años que quieran cotizar, si no también poder elegir, dentro de lo que estipula la ley, cuando jubilarse.

Paca Tricio. Vicepresidenta de Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP)

Fuente: http://www.plataformaong.org